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martes, marzo 1

Peje biography

Crónica de un desacato anunciado: El Encino

28/02/2005
• El conflicto sobre El Encino no inició en 2004, data de cuando menos cinco años atrás. Es ahí donde encontramos el fundamento del desacato de Andrés López y las razones por las cuales éste tiene que ser desaforado. Vale la pena conocer este preámbulo.

Jorge Triana Tena

El Encino está ubicado al poniente del Distrito Federal, en la Delegación Cuajimalpa. En 1991, Promotora Internacional Santa Fé, S.A. de C.V. adquirió el predio mediante transmisión de dominio en ejecución de fideicomiso.

En noviembre de 2000 fue expropiado por Rosario Robles para dotar de vialidades al Hospital ABC, por lo que en diciembre del mismo año la empresa afectada presentó una Demanda de Garantías y solicitó la suspensión del acto reclamado.

El 14 de marzo de 2001 un Tribunal Federal resolvió que el decreto de expropiación era inconstitucional, pues no se acreditaba la utilidad pública. Otorgó una suspensión definitiva a favor de los propietarios originales y ordenó al Jefe de Gobierno abstenerse de continuar con las obras en el predio y regresar el terreno.

Así pasaron más de cinco meses, y el 28 de agosto de 2001, luego de una inspección judicial, el juez federal Álvaro Tovilla determinó que la suspensión definitiva fue violada por el GDF, ya que las obras continuaron, por lo que ordenó a la PGR iniciar una averiguación por el delito de abuso de autoridad.

En enero de 2002 el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó de manera inapelable y final que Andrés López violó la suspensión definitiva otorgada por el Juez.

Transcurrieron más de dos años hasta que el 16 de febrero de 2004 el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la PGR resolver la averiguación previa iniciada contra el Jefe de Gobierno en agosto de 2001.

Y fue hasta el 17 de mayo de 2004 cuando el asunto salió a la luz pública, luego de que la PGR determinó que el Jefe de Gobierno es probable responsable del delito de abuso de autoridad. Dos días después, la PGR entregó a la Secretaría General de la Cámara la solicitud de juicio de procedencia en contra de Andrés López, quien fue notificado el tres de junio por la Sección Instructora de la Cámara sobre el inicio del proceso de desafuero en su contra.

Se acreditó la probable responsabilidad del Jefe de Gobierno capitalino en el delito de violación a la suspensión definitiva previsto por el Artículo 206 de la Ley de Amparo.

Este delito está considerado en el Código Federal de Procedimientos Penales como abuso de autoridad, el cual no es señalado como grave pero establece una pena de uno a ocho años de prisión, que pueden ser conmutados por una fianza.

El 5 agosto de 2004 la defensa de Andrés López presentó un paquete de 71 pruebas a la Sección Instructora; un mes después, ésta desechó 22.

El 29 de septiembre de 2004 la PGR presentó a la Sección Instructora, como pruebas documentales, una maqueta que detalla las vías de acceso al predio y fotografías aéreas del mismo antes y después de las obras realizadas por el GDF en el 2001.

La misma Procuraduría llevó a cabo el 17 de enero de 2005 una diligencia en El Encino, en la que estuvieron presentes el inculpado y los integrantes de la Sección Instructora, así como peritos del GDF y de la propia PGR.

Del recorrido se desprende que: los accesos al predio están cancelados pero al interior hay maquinaria, haciendo claro que existieron accesos para que la misma pudiera entrar. Muchos automovilistas utilizan la vialidad Vasco de Quiroga en la porción que se encuentra inconclusa.

Y hace apenas unos días, el 1 de febrero de 2005, la Sección Instructora cerró la etapa de valoración de pruebas, por lo que el expediente será puesto a disposición de ambas partes (PGR y GDF) en las siguientes semanas, e inmediatamente después se llevará a cabo el periodo de alegatos para luego iniciar la elaboración del dictamen final.

Hasta aquí los antecedentes. Ahora, ¿cuál podría ser el futuro de Andrés López? El Jefe de Gobierno del DF ya no tiene otra opción más que enfrentar el juicio penal en su contra, pues en la parte relativa al incumplimiento de la suspensión definitiva ya agotó todas las instancias del Poder Judicial de la Federación.

Si el desafuero es procedente, López quedaría a disposición de las autoridades. La PGR podría, en ese momento, solicitar a un juez federal la aprehensión del funcionario por el delito de abuso de autoridad, que no es grave.

Si el Pleno de la Cámara considera que no procede penalmente, López conservará el fuero. Sin embargo, la PGR solicitaría la orden de aprehensión en su contra en el momento en que deje de ser Jefe de Gobierno.
Pero aún desaforado, Andrés López gozaría de sus derechos políticos si:

La SCJN determina que no está tipificado el delito de Abuso de Autoridad como violación al artículo 206 de la Ley de Amparo; el Poder Judicial no ejerce acción penal y detiene el proceso de forma indefinida, o la PGR se retracta de ejercer acción penal contra el inculpado.

No es El Encino el primer conflicto jurídico que el Gobierno del Distrito Federal enfrenta al estar en desacuerdo con resoluciones judiciales, pues hasta el 2004 sumaban 22 los conflictos entre este gobierno local y la Suprema Corte.

Tampoco será El Encino la culminación de las desobediencias al Estado de Derecho por parte de López, pues la PGR todavía integra tres averiguaciones previas que podrían afectarlo: una por revelar documentos confidenciales sobre el caso de Gustavo Ponce; otra por difamación contra la propia PGR, y una más por incumplir un laudo judicial en materia laboral.

El gobierno de Andrés López no es, ni remotamente, un gobierno que crea en las instituciones y respete las leyes, elementos fundamentales para concebir a la democracia en el Estado moderno. No debe sorprendernos esta irresponsable actitud, pues en distintas ocasiones nos ha demostrado que de él se puede esperar cualquier cosa.

Lo que debe preocuparnos, es que esta aberrante concepción de cumplir o no la ley de acuerdo a sus intereses prevalezca en nuestro México. No ha sido fácil erradicar los viejos vicios del sistema priísta, no permitamos ahora que tales vicios -practicados desde el gobierno del DF- se vuelvan a apoderar de la nación.
Crónica de un desacato anunciado: El Encino

28/02/2005
• El conflicto sobre El Encino no inició en 2004, data de cuando menos cinco años atrás. Es ahí donde encontramos el fundamento del desacato de Andrés López y las razones por las cuales éste tiene que ser desaforado. Vale la pena conocer este preámbulo.

Jorge Triana Tena

El Encino está ubicado al poniente del Distrito Federal, en la Delegación Cuajimalpa. En 1991, Promotora Internacional Santa Fé, S.A. de C.V. adquirió el predio mediante transmisión de dominio en ejecución de fideicomiso.

En noviembre de 2000 fue expropiado por Rosario Robles para dotar de vialidades al Hospital ABC, por lo que en diciembre del mismo año la empresa afectada presentó una Demanda de Garantías y solicitó la suspensión del acto reclamado.

El 14 de marzo de 2001 un Tribunal Federal resolvió que el decreto de expropiación era inconstitucional, pues no se acreditaba la utilidad pública. Otorgó una suspensión definitiva a favor de los propietarios originales y ordenó al Jefe de Gobierno abstenerse de continuar con las obras en el predio y regresar el terreno.

Así pasaron más de cinco meses, y el 28 de agosto de 2001, luego de una inspección judicial, el juez federal Álvaro Tovilla determinó que la suspensión definitiva fue violada por el GDF, ya que las obras continuaron, por lo que ordenó a la PGR iniciar una averiguación por el delito de abuso de autoridad.

En enero de 2002 el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó de manera inapelable y final que Andrés López violó la suspensión definitiva otorgada por el Juez.

Transcurrieron más de dos años hasta que el 16 de febrero de 2004 el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la PGR resolver la averiguación previa iniciada contra el Jefe de Gobierno en agosto de 2001.

Y fue hasta el 17 de mayo de 2004 cuando el asunto salió a la luz pública, luego de que la PGR determinó que el Jefe de Gobierno es probable responsable del delito de abuso de autoridad. Dos días después, la PGR entregó a la Secretaría General de la Cámara la solicitud de juicio de procedencia en contra de Andrés López, quien fue notificado el tres de junio por la Sección Instructora de la Cámara sobre el inicio del proceso de desafuero en su contra.

Se acreditó la probable responsabilidad del Jefe de Gobierno capitalino en el delito de violación a la suspensión definitiva previsto por el Artículo 206 de la Ley de Amparo.

Este delito está considerado en el Código Federal de Procedimientos Penales como abuso de autoridad, el cual no es señalado como grave pero establece una pena de uno a ocho años de prisión, que pueden ser conmutados por una fianza.

El 5 agosto de 2004 la defensa de Andrés López presentó un paquete de 71 pruebas a la Sección Instructora; un mes después, ésta desechó 22.

El 29 de septiembre de 2004 la PGR presentó a la Sección Instructora, como pruebas documentales, una maqueta que detalla las vías de acceso al predio y fotografías aéreas del mismo antes y después de las obras realizadas por el GDF en el 2001.

La misma Procuraduría llevó a cabo el 17 de enero de 2005 una diligencia en El Encino, en la que estuvieron presentes el inculpado y los integrantes de la Sección Instructora, así como peritos del GDF y de la propia PGR.

Del recorrido se desprende que: los accesos al predio están cancelados pero al interior hay maquinaria, haciendo claro que existieron accesos para que la misma pudiera entrar. Muchos automovilistas utilizan la vialidad Vasco de Quiroga en la porción que se encuentra inconclusa.

Y hace apenas unos días, el 1 de febrero de 2005, la Sección Instructora cerró la etapa de valoración de pruebas, por lo que el expediente será puesto a disposición de ambas partes (PGR y GDF) en las siguientes semanas, e inmediatamente después se llevará a cabo el periodo de alegatos para luego iniciar la elaboración del dictamen final.

Hasta aquí los antecedentes. Ahora, ¿cuál podría ser el futuro de Andrés López? El Jefe de Gobierno del DF ya no tiene otra opción más que enfrentar el juicio penal en su contra, pues en la parte relativa al incumplimiento de la suspensión definitiva ya agotó todas las instancias del Poder Judicial de la Federación.

Si el desafuero es procedente, López quedaría a disposición de las autoridades. La PGR podría, en ese momento, solicitar a un juez federal la aprehensión del funcionario por el delito de abuso de autoridad, que no es grave.

Si el Pleno de la Cámara considera que no procede penalmente, López conservará el fuero. Sin embargo, la PGR solicitaría la orden de aprehensión en su contra en el momento en que deje de ser Jefe de Gobierno.
Pero aún desaforado, Andrés López gozaría de sus derechos políticos si:

La SCJN determina que no está tipificado el delito de Abuso de Autoridad como violación al artículo 206 de la Ley de Amparo; el Poder Judicial no ejerce acción penal y detiene el proceso de forma indefinida, o la PGR se retracta de ejercer acción penal contra el inculpado.

No es El Encino el primer conflicto jurídico que el Gobierno del Distrito Federal enfrenta al estar en desacuerdo con resoluciones judiciales, pues hasta el 2004 sumaban 22 los conflictos entre este gobierno local y la Suprema Corte.

Tampoco será El Encino la culminación de las desobediencias al Estado de Derecho por parte de López, pues la PGR todavía integra tres averiguaciones previas que podrían afectarlo: una por revelar documentos confidenciales sobre el caso de Gustavo Ponce; otra por difamación contra la propia PGR, y una más por incumplir un laudo judicial en materia laboral.

El gobierno de Andrés López no es, ni remotamente, un gobierno que crea en las instituciones y respete las leyes, elementos fundamentales para concebir a la democracia en el Estado moderno. No debe sorprendernos esta irresponsable actitud, pues en distintas ocasiones nos ha demostrado que de él se puede esperar cualquier cosa.

Lo que debe preocuparnos, es que esta aberrante concepción de cumplir o no la ley de acuerdo a sus intereses prevalezca en nuestro México. No ha sido fácil erradicar los viejos vicios del sistema priísta, no permitamos ahora que tales vicios -practicados desde el gobierno del DF- se vuelvan a apoderar de la nación.
fuente: el estatal medio de difusion.

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